Marta lleva once años en el mismo piso de La Laguna y tres buscando otro. No porque quiera irse: porque el contrato termina en diciembre y el propietario ya le ha dicho que la vivienda «pasa a vacacional». Lo dice sin maldad, casi disculpándose. En su calle es lo normal.
La historia de Marta se repite en los cinco municipios que hemos recorrido durante tres semanas. En todos ellos se cumplen los criterios que la Ley de Vivienda fija para declarar una zona de mercado residencial tensionado. En ninguno se ha hecho. El Gobierno de Canarias sostiene que las declaraciones deben apoyarse en informes técnicos que aún no existen.
Lo que dicen los números
Veintiséis de los treinta municipios más poblados del Archipiélago superan el umbral de esfuerzo que marca Bruselas. Adeje encabeza la lista. Le siguen Guía de Isora y San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, donde el turismo concentra la demanda y el suelo residencial lleva una década sin crecer.
El problema no es solo el precio de compra. En el alquiler, el esfuerzo medio de un hogar canario supera el 40 % de sus ingresos en Santa Cruz, Las Palmas y La Laguna. La ley considera «tensionada» cualquier zona donde ese esfuerzo pase del 30 %.
- Adeje: 24,57 años de renta íntegra para comprar. Sin declaración.
- Las Palmas de Gran Canaria: 10,75 años. Sin declaración.
- La Laguna: 12,55 años. El pleno lo debatió en junio y no prosperó.
No me voy porque quiera. Me voy porque en mi calle ya solo quedan llaves en cajitas con código.
Marta, vecina de La Laguna
Qué permitiría una declaración
Declarar una zona tensionada abre tres herramientas: topes al alquiler en los contratos nuevos, reserva de vivienda para hogares con menos renta y condiciones al uso de los inmuebles. También es la llave para acceder a los 90 millones que el Ministerio de Vivienda reparte este año, de los que Canarias se queda fuera.
Mientras tanto, Marta ha encontrado piso. Está en Tacoronte, a veinte minutos en coche que ella no tiene. Empieza a mudarse el sábado.